El presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consellers que huyeron con él a Bruselas Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura)-, han vuelto a declarar ante la Justicia belga en una vistilla que ha durado casi cuatro horas, en busca de su respaldo para quedarse en Bruselas y para seguir haciendo campaña electoral a 1.300 kilómetros de sus votantes.

Los cinco políticos llegaron en torno a las 9 a la sede de la Fiscalía, en el número 4 de la Rue de Quatre Bras, situada al otro lado de la calle donde está el Palacio de Justicia, donde declararon el pasado 17 de noviembre, a puerta cerrada. El cambio de lugar se debe a “razones prácticas de organización”, dice el comunicado la Chambre du Conseil. El edificio mismo y la acera de la sede está cerrada para la prensa, lo que obliga a decenas de periodistas internacionales a esperar novedades en la calle, en día frío en Bruselas.

El tribunal de primera instancia escuchará a los políticos catalanes antes de decidir sobre la Orden Europea de Arresto, es decir, antes de exigir su deportación a España o permitir que permanezcan en Bélgica a pesar de la orden española de arresto. El magistrado puede tomar hoy mismo su decisión, o aplazarla para otro día, lo cual también se anunciará al final de la vista, después de las declaraciones.

Los cinco deberán presentar por escrito sus argumentos para convencer a la Justicia belga de no extraditarlos a España, donde se está celebrando un proceso judicial en su contra por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia a la autoridad, rebelión y sedición. Lo que básicamente deben demostrar es que hay riesgo de que en España no pueda tener un juicio justo ni se respetarán sus derechos fundamentales.

Esta Corte reservó todo el día de hoy sólo para el asunto catalán, porque escuchar lo que tienen que decir puede tomarle todo el día. No se espera comunicación ni declaración alguna de la Fiscalía, ni del tribunal, al menos antes del término de la audiencia de hoy. La sesión podría prolongarse hasta la tarde-noche, y será entonces cuando los abogados belgas hablen con la prensa internacional para actualizar sobre la situación de sus clientes.

Paul Bekaert, el letrado flamenco experto en extradiciones y contratado por Puigdemont, tratará de evitar que su cliente vuelva a España. Defenderá su postura hasta el final: “Aquí no hay acto criminal (por parte del Gobierno catalán cesado) sino un juicio político (en España)”, en opinión del letrado. La Fiscalía belga respaldó los delitos de conspiración y malversación por parte de funcionarios públicos. La rebelión y la sedición no están recogidos en la ley belga.

Si la decisión del juez no favorece a los cinco políticos, las partes pueden recurrir hasta dos veces, primero a una corte de acusación y luego a la de casación. Por lo que el trámite se irá probablemente hasta 60 días, pasadas las elecciones del 21-D, o incluso a 90, en «circunstancias excepcionales».

De momento, Puigdemont seguirá haciendo campaña desde Bélgica por videoconferencia porque su abogado no espera que haya una decisión hasta mínimo el 2 de enero, e incluso en ocasiones se muestra más optimista y lo alarga hasta febrero de 2018, según le dijo a la prensa flamenca. Mientras tanto, los cinco no pueden abandonar Bélgica y deberán presentarse ante las autoridades judiciales y policiales cuando así les sea requerido, según lo dictado en la sesión previa el pasado 17 de noviembre.

COMENTARIOS