United Nations Secretary GEN Boutros Boutros-Ghali reviews Pakistani troops in formation at the Mogadishu Airport. The Secretary General is in Somalia for meetings and briefings on Operation Restore Hope.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo hoy que pedirá al Consejo de Derechos Humanos que cree una comisión internacional que investigue los abusos y crímenes contra la población en Cachemira, tanto en las zonas administradas por India como por Pakistán.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne a partir del lunes y por tres semanas en Ginebra, para abordar los casos más inquietantes de abusos en el mundo.

En el primer informe elaborado por Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Cachemira y hecho publicó hoy, se hace una llamada urgente a resolver las violaciones pasadas y actuales contra la gente de Cachemira, que lleva siete décadas padeciendo del conflicto latente entra India y Pakistán, que ha ocasionado dos guerras y numerosos conflictos menores.

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En las últimas semanas, ambos países se han acusado mutuamente de violar en más de mil ocasiones el alto al fuego en su disputada frontera de Cachemira.

Zeid, mediante una declaración que acompaña al informe, pidió a las fuerzas de seguridad indias que se controlen al máximo en el uso de la fuerza ante las protestas que pueden tener lugar en las próximas semanas.

Según organizaciones civiles locales, hasta 145 civiles fueron asesinados en el contexto de protestas registradas entre mediados de 2016 y el pasado marzo, mientras que grupos armados causaron 20 bajas, indica el informe.

En ese periodo se registraron grandes manifestaciones en los estados indios de Jammu y Chachemira en reacción a la muerte del líder de un grupo armado a manos de las fuerzas de seguridad indias.

“Es esencial que las autoridades indias tomen medidas inmediatas y efectivas para impedir la repetición de numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza”, señaló Zeid.

El alto comisionado dijo que es inquietante que en India se hayan creado “estructuras que obstruyen la marcha normal de la justicia” y “amenazan el derecho a la reparación de las víctimas” de tales abusos.

Parte de esos obstáculos son leyes -la más antigua de ellas lleva cuarenta años en vigor- que prohíben el procesamiento ante los tribunales de personal de las fuerzas de seguridad sin permiso del gobierno.

La investigación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Zeid ha tenido que hacerse sin haber tenido acceso a la región en cuestión, por las negativas que durante dos años recibieron los expertos designados por parte de ambos países de autorizarles una visita.

Por esta razón se optó por una supervisión a distancia para la elaboración del informe, que también cubre lo que ocurre en la zona de Cachemira administrada por Pakistán.

La ONU denuncia asimismo a los grupos armados que operan en Jammu y Cachemira desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que han cometido graves y numerosas violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones y violencia sexual, y algunos de los cuales cuentan con apoyo de Pakistán.

Si en los años noventa había una docena de esos grupos que operaban, actualmente son la mitad o menos, según las informaciones recogidas.

El informe menciona que a pesar de que el Gobierno paquistaní niega cualquier ayuda a esos grupos armados, los expertos concuerdan en que reciben apoyo del aparato militar de Pakistán para sus actividades a lo largo de la llamada Línea de Control, la frontera de facto entre ambos países en esa zona.

De las violaciones de los derechos humanos del lado paquistaní de la Línea de Control, la ONU afirma que “son de diferente calibre y magnitud” a las que ha corroborado del lado indio, y se refieren sobre todo a restricciones a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.

En ese sentido, pide a Pakistán que se libere a los activistas políticos, periodistas y otras personas que estén detenidas por expresar sus opiniones de manera pacífica.

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