Con una llamativa celeridad, los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro y Antonio Fretes firmaron resolución por la cual se beneficiaron ellos, sus demás colegas, jueces y funcionarios del Poder Judicial.

El 7 de febrero pasado, la asesora jurídica de la Corte, Mirta Morínigo, presentó la acción contra varios artículos de la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes. El 9 de febrero los ministros ya admitieron la acción y suspendieron los efectos de la disposición atacada. Además, ese mismo día, la doctora Peña, en su carácter de presidenta de la Sala Constitucional, ya comunicó a la Contraloría.

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Según se desprende de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio número 6 del 9 de febrero pasado, la Corte suspendió, entre otros los efectos de los artículos 1° y 2° de la Ley 5033, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución, respecto a la declaración jurada.

El artículo 1° define quiénes son funcionarios públicos y el 2°, entre los que están incluidos los ministros, jueces, etc., dice que están obligados a declarar sus bienes ante la Contraloría.

En consecuencia, al suspender los afectos de estos artículos, no hay dudas de que la Corte excluyó a sus ministros, jueces y funcionarios de la obligación constitucional y legal.

La Dirección de Comunicaciones de la Corte informó anoche que la Sala Constitucional levantó la suspensión de los efectos del artículo 2° de la ley atacada y que obliga a los funcionarios a presentar su declaración jurada ante la Contraloría.

La aclaratoria fue firmada por los ministros Peña, Bareiro y Módica.

Con la medida de anoche, afirmaron que sigue vigente la norma que reglamenta la obligación constitucional.

Integrantes del Colegio de Abogados del Paraguay se reunieron ayer con ministros de la Corte y le advirtieron que sería ilegal y un grave error suspender la declaración jurada de bienes.

“Nosotros le hicimos notar a la Corte que era una señal bastante contradictoria el hecho de que por un lado dispusieran sumario para magistrados, funcionarios, abogados, auditorías de expedientes para transparentar su gestión y que por otro lado dejara sin efectos la obligación de presentar la declaración jurada de bienes y rentas”, dijo Rubén Galeano, del Colegio de Abogados del Paraguay.

Los que promovieron la suspensión de esta medida argumentaron que la resolución reglamentaria impone la obligación a los familiares cercanos como los hermanos y padres, pero que esto resulta inconstitucional porque ellos no son funcionarios.

“Dijimos que al margen de de eso, lo que no se podía dejar sin efecto es la obligación del funcionario mismo de presentar la declaración jurada”, subrayó.

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